La okupación ilegal es uno de los problemas que más preocupa en España. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 17.000 denuncias por okupación ilegal de inmuebles en todo el país, lo que supone una media de 47 casos diarios.
Las comunidades más afectadas son Cataluña, que concentra cerca del 40% de los casos, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid.
En Madrid, aunque el número de casos ha disminuido ligeramente respecto a años anteriores, sigue siendo una de las comunidades más afectadas, con más de 1.500 denuncias anuales. Los expertos alertan de que muchas de estas situaciones afectan a pequeños propietarios y no solo a entidades financieras o grandes tenedores.
Cambios en el código penal
Para acabar con este problema, la vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha reclamado una reforma del Código Penal para permitir la expulsión de okupas en un plazo máximo de 48 horas.
Durante su participación en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, Sanz subrayó que actualmente las fuerzas de seguridad se encuentran limitadas legalmente para actuar frente a la okupación ilegal de viviendas, lo que obliga, en muchos casos, a recurrir a empresas privadas para ejecutar desalojos.
La propiedad privada es sagrada y así debe seguir siéndolo
“No es de recibo que en un Estado de Derecho tenga que ser una empresa privada quien haga esa desocupación y no las fuerzas de seguridad. La propiedad privada es sagrada, y así debe seguir siéndolo”, afirmó.
La vicealcaldesa destacó que para garantizar una actuación policial rápida, son imprescindibles cambios legislativos. En este sentido, defendió la necesidad de establecer procedimientos que permitan desalojar a los okupas en solo dos días.
Críticas a la izquierda por decir que la okupación "es un bulo de la derecha para vender alarmas"
Sanz también arremetió contra quienes minimizan el fenómeno de la okupación, señalando al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por unas declaraciones en las que supuestamente calificaba la okupación como “un bulo de la derecha para vender alarmas”. Consideró que este tipo de comentarios son “una imprudencia” y “una falta de respeto” hacia las víctimas.
Aunque reconoció que en Madrid el problema es menos acusado que en otras regiones, alertó sobre la inquiokupación —casos en los que inquilinos dejan de pagar y se amparan en resquicios legales para no abandonar la vivienda— como una tendencia al alza en toda España.
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